El Gobierno español ha depositado expectativas muy ambiciosas en la nueva estructura tributaria del ahorro de las rentas más elevadas. Según el Informe de Progreso Anual 2026 remitido a Bruselas, la recaudación extra derivada del incremento de los tipos en el IRPF para estos contribuyentes pasará de 222 millones de euros en 2025 a casi 500 millones durante el presente ejercicio. Esta cifra se mantendrá estable hasta 2029, aunque diversos expertos en fiscalidad consultados anticipan que el resultado final podría ser aún superior, especialmente si se considera el efecto acumulativo de la inflación y la ausencia de deflactación prevista para los próximos años.
España alcanza los tipos más altos de la OCDE en tributación del ahorro
La reforma ha elevado el tipo máximo aplicado a las rentas del capital mobiliario y a las ganancias patrimoniales hasta el 30%, una cifra que coloca a España entre los países con mayor presión fiscal sobre el ahorro en toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este incremento se ha producido en dos fases: primero se subió un punto porcentual el tramo aplicable a partir de 200.000 euros, dejándolo en el 27%, y posteriormente se creó un nuevo escalón al 28% para bases superiores a 300.000 euros. Tras la entrada de Sumar en el Gobierno de coalición, se añadieron dos puntos adicionales a este último tramo, fijándolo definitivamente en el 30%.
Con esta estructura, España se sitúa en la séptima posición del ranking europeo de países con mayor tributación sobre las ganancias de capital, empatada con Suecia. Solo le superan Dinamarca, con un 42%, Francia y Finlandia, ambas con el 34%, Países Bajos con el 36%, e Irlanda con el 33%. Este nivel impositivo español se encuentra nada menos que 12 puntos porcentuales por encima de la media de las economías desarrolladas. Cabe destacar que, dentro de la Unión Europea, únicamente otros dos países han optado por endurecer recientemente la fiscalidad del ahorro: Países Bajos elevó su retención del 33% al 36% el año pasado, mientras que Letonia la incrementó en ocho puntos hasta el 28%.
Una escala progresiva con cinco tramos diferenciados
El sistema tributario español para el ahorro establece una estructura de cinco tramos. El primero aplica un tipo del 19% a bases liquidables de hasta 6.000 euros. El siguiente escalón, con un tipo del 21%, alcanza hasta los 44.000 euros, momento en el cual se pasa al 23%. A partir de los 150.000 euros de base liquidable, el contribuyente entra en el tramo del 27%, que se extiende hasta los 200.000 euros. Desde esta cifra y hasta los 300.000 euros se aplica el 27%, y finalmente, toda rentabilidad del ahorro que supere los 300.000 euros tributa al tipo máximo del 30%. Esta progresividad busca concentrar el mayor esfuerzo fiscal en los patrimonios más elevados, aunque genera debate sobre su impacto en la competitividad y la atracción de inversión.
Previsiones de recaudación y comparativa con otras figuras impositivas
Según los datos oficiales enviados a la Comisión Europea, la tributación del ahorro en el IRPF será el capítulo fiscal con mejor evolución dentro del paquete de reformas tributarias del Ejecutivo. En contraste, el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas mantendrá una recaudación estable de 623 millones de euros anuales entre 2025 y 2029, sin variaciones significativas. Más llamativo resulta el descenso previsto en la recuperación de los límites a las deducciones por pérdidas en el Impuesto de Sociedades: si en 2025 esta medida aportó 6.255 millones de euros adicionales, la previsión para 2026 es que esta cifra caiga hasta los 2.629 millones. Esta disminución refleja el carácter temporal de ciertas medidas de ajuste en el impuesto corporativo.
El informe también detalla el impacto esperado de otras figuras tributarias. Los impuestos especiales sobre el tabaco mantendrán una recaudación constante de 466 millones anuales, mientras que la implementación del Pilar II de la OCDE sobre tributación mínima internacional aportará 1.708 millones a partir de 2026. Por su parte, la reducción de tipos en el Impuesto de Sociedades para pymes supondrá un coste creciente para las arcas públicas: 307 millones en 2026, 614 millones en 2027, y 921 millones desde 2028 en adelante. El impacto estructural total en ingresos fiscales alcanzará los 6.212 millones de euros en 2026, lo que representa un 0,39% del PIB de 2024.
La no deflactación del IRPF como estrategia de ingresos encubierta
Una de las claves del incremento de recaudación previsto por el Gobierno reside en su firme decisión de no deflactar el IRPF durante lo que resta de legislatura. Aunque esta medida no aparece como una subida explícita de impuestos, en la práctica funciona como tal: al no ajustar los tramos de la escala impositiva en función de la inflación, los contribuyentes van escalando automáticamente a tipos más altos a medida que sus salarios nominales aumentan, aunque su poder adquisitivo real permanezca estable o incluso disminuya. Según reconoce el propio Informe de Progreso enviado a Bruselas, el Gobierno estima que esta estrategia generará un ingreso adicional de casi 2.300 millones de euros.
Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha señalado que con los actuales niveles de inflación, el compromiso de aumentar los ingresos fiscales en al menos un 0,1% del PIB se logra precisamente mediante esta no deflactación. El experto añade que en el IRPF prácticamente no queda recorrido para más incrementos directos, salvo seguir apretando la tributación del ahorro, una medida que califica como «políticamente popular pero con un impacto recaudatorio limitado». En este contexto, otros especialistas fiscales consultados consideran que el margen de maniobra futuro se encuentra en el IVA y en el Impuesto de Sociedades, donde aún es posible eliminar deducciones y ajustar tipos sin generar un rechazo social inmediato.
Retos y consecuencias económicas de una presión fiscal creciente
El endurecimiento de la fiscalidad sobre el ahorro y la ausencia de deflactación plantean interrogantes sobre la competitividad de España como destino de inversión. Algunos analistas advierten de que tipos impositivos tan elevados pueden incentivar estrategias de deslocalización de capitales o de optimización fiscal agresiva, reduciendo así el efecto recaudatorio esperado. Además, la comparación con otros países europeos muestra que España se está alejando de la media continental en un momento en que la Unión Europea enfrenta desafíos de crecimiento económico y competitividad global, especialmente frente a Estados Unidos y las economías asiáticas emergentes.
Por otra parte, el Ejecutivo defiende que estas medidas buscan una mayor equidad en la distribución de la carga tributaria, haciendo que quienes más tienen contribuyan en mayor proporción al sostenimiento del Estado del bienestar. El debate, por tanto, se sitúa entre dos visiones: la que prioriza la justicia fiscal redistributiva y la que alerta sobre los riesgos de desincentivar el ahorro privado y la inversión productiva. En cualquier caso, los próximos años serán cruciales para evaluar si las previsiones optimistas del Gobierno se cumplen o si, por el contrario, el efecto recaudatorio queda por debajo de lo esperado debido a cambios en el comportamiento de los contribuyentes de rentas altas.
En clave: Por qué importa
Esta reforma fiscal marca un punto de inflexión en la política tributaria española y sitúa al país en la vanguardia europea en cuanto a presión fiscal sobre el ahorro. Para el ciudadano medio, aunque los tipos más altos solo afectan directamente a patrimonios elevados, la estrategia de no deflactar el IRPF implica que todos los contribuyentes verán incrementada su carga impositiva de forma indirecta si sus salarios suben nominalmente para compensar la inflación. Esto reduce el poder adquisitivo real de las familias y puede frenar el consumo interno. A nivel macroeconómico, el éxito de estas medidas dependerá de si logran aumentar la recaudación sin provocar una fuga significativa de capitales ni desincentivar el ahorro y la inversión, elementos clave para el crecimiento a largo plazo. La apuesta del Gobierno es clara: más ingresos fiscales para sostener el gasto público en un contexto de envejecimiento demográfico y presiones sobre el Estado del bienestar. El tiempo dirá si el equilibrio entre equidad y competitividad se mantiene o si será necesario ajustar el rumbo.
